Ciudad de México. En conferencia de prensa Alejandro Calvillo Director de El Poder del Consumidor (EPC); Erick Antonio Ochoa Director de Políticas Públicas en Salud de la Fundación InterAmericana del Corazón México (FIC México); y Francis Zaballa Directora de Acción Contra el Alcoholismo A.C declararon que los impuestos especiales (IEPS) a alcohol, tabaco, comida chatarra y bebidas azucaradas generan más de 130,000 millones de pesos (mdp), los cuales deberían ser considerados por representantes del nuevo gobierno para prevenir las enfermedades que provoca el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad, que son la principal causa de enfermedad y muerte, del colapso del sistema de salud, el principal reto de la próxima administración. 

Los costos de atención de las enfermedades causadas por tabaquismo, exceso de alcohol y la obesidad, así como el ausentismo y muerte prematura que esta última provoca, se han estimado en $555,794 mdp al año, de acuerdo a diversas fuentes, principalmente la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (ver gráfica anexa). Los IEPS se han establecido como un mecanismo para compensar las externalidades, los daños, que genera el consumo de estos productos, sin embargo, estos recursos no se han destinado a la prevención ni a la atención de estos daños. 

Las grandes corporaciones del tabaco, el alcohol y la chatarra han capturado a las instituciones gubernamentales logrando bloquear las regulaciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de estos productos, provocando que estos daños tiendan a agudizarse. Las proyecciones son catastróficas, tan sólo los costos del sobrepeso y la obesidad se estima se incrementarán a 272 mil millones de pesos para el año 2023, cuatro veces más que en 2008. Se requiere urgentemente reducir el consumo de estos productos con regulaciones efectivas que comprendan la publicidad, la venta, el etiquetado, la vigilancia de estas regulaciones, el fortalecimiento de impuestos y etiquetar estos recursos para la prevención y mejora de condiciones en las poblaciones más vulnerables. 

Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor mencionó “para reducir el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, las cuales son la causa principal de las epidemias de obesidad y diabetes, es necesario establecer una Ley General contra el Sobrepeso y la Obesidad que de manera efectiva erradique la publicidad de estos productos dirigida a la infancia de estos productos, establezca un etiquetado frontal de advertencia en los productos no saludables, aumente el impuesto a bebidas azucaradas a 20% según las recomendaciones de la OMS y destine estos recursos del IEPS a campañas de orientación alimentaria directas, establezca bebederos en escuelas y espacios públicos y obligue a vigilar el cumplimiento de lineamientos en escuelas. Los recursos se deben enfocar en las poblaciones más vulnerables”. 

Por su parte, Erick Antonio Ochoa, Director de Políticas en Salud Pública de FIC México habló sobre la necesidad de establecer políticas públicas para el control del tabaco que cumplan con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) “En México es necesario reformar la Ley General para el Control del tabaco y aumentar los impuestos a tabaco según las recomendaciones del CMCT; eliminar las excepciones de la publicidad y promoción de los productos de tabaco, aumentar los pictogramas de las cajetillas a un 50%, establecer licencias municipales para el control en puntos de venta. Para disminuir la prevalencia del tabaquismo, el nuevo gobierno debe priorizar estas políticas públicas”.

Sobre las políticas fiscales para el alcohol, Francis Zaballa de Acción Contra el Alcoholismo A.C. dijo: “Sugerimos al nuevo gobierno que parte del dinero recaudado por los impuestos a las bebidas alcohólicas, se utilice para diseñar e implementar, de la mano de la academia, según datos basados en evidencia científica, un Programa Nacional de Prevención de Consumo de Alcohol; así como campañas de NO consumo entre los jóvenes, tenemos el caso de Islandia, un caso exitoso, gran ejemplo. Del mismo modo, solicitamos la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas (con sus variantes) en medios de comunicación, centros deportivos y escuelas, donde conviven los niños y jóvenes. Solicitamos también que existan etiquetados claros de advertencia sobre el daño que genera el consumo de alcohol, regulación en su venta estableciendo como edad mínima los 21 años, así como el aumento de impuestos de acuerdo a las recomendaciones internacionales”. 

De no actuarse de forma preventiva frente a estos condicionantes comerciales de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), los costos por enfermedad y muerte seguirán escalando. La implementación de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en estos tres ámbitos tiene bajos costos mientras que los beneficios obtenidos son considerables. Recientemente este organismo internacional anunció que, por cada dólar invertido en este conjunto de medidas, se obtendrá un retorno de al menos $7 dólares por persona para 2030 en países de ingreso bajo y mediano bajo. Esto permitiría además salvar 8.2 millones de vidas en estos países para el mismo año. 

Durante la conferencia también se habló de la necesidad de garantizar en todo el ciclo de la política pública contra el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso y la obesidad, no participe la industria y que los involucrados en su diseño, monitoreo y evaluación estén libres de conflicto de interés y que las comisiones de salud de las cámaras de diputados y senadores prueben que sus integrantes estén libres de conflicto de interés.

Redacción MD